Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga da la razón a Alonso respecto a los nombramientos “arbitrarios” de la jefatura de negociado de Inspección de Transporte y de la jefatura de servicio jurídico de Gestión de Culturales del Ayuntamiento. Una sentencia contra la que cabe recurso

“Cuando
se convocan las plazas de jefaturas de negociado y se supone que todos podemos competir libremente, me voy al notario y recojo en un acta que el puesto convocado tal día se lo van a dar a x persona. He acertado en muchos casos y lo he aportado en los juicios”, explica Alonso

Alonso es delegado sindical en la junta de personal del Ayuntamiento de Málaga. “Me presenté por el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), impugnamos el resultado por considerar que el método empleado por el Ayuntamiento no se ajustaba a lo establecido en la Ley. Un laudo arbitral de la Junta de Andalucía nos dio la razón cuatro meses después y soy delegado del SAB”


Alonso ha ganado unos diez juicios al Ayuntamiento que dirige De la Torre (PP). “Actualmente tengo una causa en el Tribunal Supremo, otras cinco en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y unas 15 en el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Málaga. El Consistorio ya ha pagado unos 7.000 euros en costas por sentencias firmes. Un dinero que sale de los bolsillos de los malagueños porque el Ayuntamiento hace lo que le da la gana”, indica Alonso

30/05/19. 
Opinión. Nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento de Málaga de la mano del “azote municipal” Wenceslao Alonso. El funcionario que desde 2014 denuncia los nombramientos ‘a dedo’ entre trabajadores públicos para ocupar puestos como jefaturas de negociado, jefaturas de servicio o secretarías de distrito sin tener en cuenta los principios de mérito, igualdad y capacidad. “No quiero dármelas de nada pero...

...han justificado que una persona ocupe una jefatura diciendo que tiene una FPII y que sabe inglés. Soy licenciado en Derecho, tengo dos másteres y sé inglés”, indica Alonso, que actualmente trabaja como administrativo en el edificio donde se encuentra la Gerencia de Urbanismo. Una sentencia con fecha 24 de mayo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga emitida por el juez Óscar Pérez estima los recursos de Alonso y del sindicato STAL (Sindicato de Trabajadores de Administración Local) contra los nombramientos “arbitrarios” de la jefatura de negociado de Inspección de Transporte y de la jefatura de servicio jurídico de Gestión de Centros Culturales y Museísticos del Ayuntamiento. Una sentencia contra la que cabe recurso de apelación. “El Consistorio, en lugar de convocar un concurso de méritos, recurre sistemáticamente a la figura de la comisión de servicios, prevista para situaciones excepcionales, temporales y de urgencia”, explica Alonso. Es una información de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

WENCESLAO Alonso, el “azote del Ayuntamiento” como lo califican algunos medios locales, asegura que “cuando se convocan las plazas de jefaturas de negociado y se supone que todos podemos competir libremente me voy al notario y recojo en un acta que el puesto convocado tal día se lo van a dar a x persona. He acertado en muchos casos y lo he aportado en los juicios. Tengo múltiples sentencias a mi favor en las que se recoge que estos puestos tienen que ser convocados por concurso. Y no que un concejal o un director de área diga en medio folio que se coge a x persona ‘porque es el más apañado’”.


ALONSO es delegado sindical en la junta de personal del Ayuntamiento de Málaga. “Me presenté por el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB). En el Ayuntamiento se creó en 2006 la sección sindical de STAL (Sindicato de Trabajadores de Administración Local), un sindicato que tiene presencia en la Diputación de Málaga. El Consistorio reconoce que existe desde entonces, sus miembros se fueron jubilando y ahora un grupo de personas estamos intentando mantener la sección sindical, pero nos ponen todo tipo de pegas. Así que en las elecciones a órganos de representación que se celebraron en diciembre me tuve que presentar con el SAB porque era eso o meterme en un proceso judicial para paralizar las elecciones. Y no solo eso, me presenté por el SAB, iba el número cuatro, y en este caso el Ayuntamiento aplicó la Ley D’Hont que nunca antes se había empleado en las elecciones a órganos de representación y que no es el procedimiento que está recogido en la Ley para este tipo de votaciones. Impugnamos los resultados, fuimos al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta de Andalucía y no han tenido más remedio que admitirme como cuarto delegado”. La Junta les dio la razón cuatro meses después (AQUÍ) anulando las decisiones de la Mesa Electoral Coordinadora sobre la atribución de los resultados de la votación. Y Alonso se convirtió en el cuarto delegado sindical del SAB en la junta de personal.


ESTE funcionario, que consiguió su plaza en el Ayuntamiento de Málaga en 1999, se licenció en Derecho por la UNED en 2011 y le ha ganado unos diez juicios al Consistorio que dirige Francisco de la Torre (PP). “Su principal logro es una sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condena al Consistorio por cubrir determinadas plazas utilizando ‘mecanismos de designación aleatorios’ y ‘al margen’ de los principios de igualdad, mérito y capacidad”, explica Eldiario.es (AQUÍ). “Actualmente tengo una causa en el Tribunal Supremo, otras cinco en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y unas 15 en el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Málaga. El Consistorio ya ha pagado unos 7.000 euros en costas por sentencias firmes. Un dinero que sale de los bolsillos de los malagueños porque el Ayuntamiento hace lo que le da la gana”, indica Alonso.

“EN 2016 me abrieron un expediente disciplinario con amenaza de suspensión de empleo y sueldo por un plazo de tres años usando una serie de mentiras en mi contra. El director de Junta de Distrito de Palma Palmilla y para la Rehabilitación y Gestión de Parques Industriales y Empresariales, Juan Manuel García, instó a mis superiores jerárquicos. Intentaron decir que menospreciaba a los ciudadanos a los que atendía en la oficina de Palma-Palmilla, donde trabajaba entonces. Decían que a un hombre le dije que estaba loco, a una mujer que tenía que bañarse y que una embarazada se fue llorando porque no le hicimos un trámite. Todo mentira. El expediente se archivó, estuve muy mal por aquello, pasé cuatro meses de baja. Tengo una demanda interpuesta contra el señor García”, explica Alonso.

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